El capítulo analiza cómo actores económicos —empresas, gremios empresariales y élites financieras— fueron cómplices de violaciones masivas de derechos humanos en dictaduras y conflictos armados latinoamericanos, y cómo esa complicidad ha sido (o no) abordada por la justicia transicional. Payne y Pereira revisan experiencias de la región para mostrar que, pese a la centralidad de estos actores en la represión y en la reproducción de desigualdades, los mecanismos clásicos de justicia transicional (comisiones de verdad, juicios, reparaciones) han tendido a concentrarse en perpetradores estatales o armados, dejando en segundo plano las responsabilidades empresariales. El texto destaca el papel clave de organizaciones de víctimas y sociedad civil en impulsar investigaciones y casos judiciales innovadores contra empresas, y señala los límites políticos, jurídicos y económicos que aún obstaculizan una rendición de cuentas plena. Concluye que enfrentar la complicidad económica es indispensable si la justicia transicional quiere tener efectos realmente transformadores sobre las estructuras de poder y la desigualdad en América Latina.